Objetivo

Emotivo

Sucesivo

Como ciencia

Positivismo Racional

Iusnaturalismo historicista

Positivismo Metodológico

Escepticismo Jurídico

Para el Escepticismo Ético existen principios morales y de justicia universalmente válidos y comprensibles por cualquier ser humano, originados en los métodos científicos y tecnológicos propios de la ilustración, que validan el resto del ordenamiento jurídico.

Para el Escepticismo Ético, si bien existen principios morales y de justicia universalmente válidos, el derecho no puede ser analizado de acuerdo a términos valorativos, sino descriptivos.

Para el Escepticismo Ético la ley es válida y obligatoria por el simple hecho de ser ley, ya que el método de análisis jurídico que aplica la ciencia normativa parte de dicho supuesto básico.

Para el Escepticismo Ético ninguna ley o sistema de leyes pueden sercalificados de "jurídicos" si contradicen los principios morales, éticos o de justicia de la mayoría de la población del territorio en que se aplica dicha norma.

Resulta de cumplimiento obligatorio aún antes de su publicación si es sometida al control previo de constitucionalidad.

Puede aplicarse retroactivamente si se trata de una norma consagrada mediante un Tratado Internacional.

Puede ser sancionada, de manera excepcional, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus sentencias.

Puede ser sancionada de manera secreta, con acuerdo del Poder Judicial, si de su confidencialidad depende la seguridad de la Nación.

Es obligatoria siempre y cuando los jueces la consideren aplicable, frente a casos de vacíos legales o por interpretación de otros precedentes legales.

Nunca resulta obligatoria, ni siquiera si su aplicación se encuentra prevista por la ley.

Solamente es obligatoria si está dirigida a satisfacer el bienestar general y es aplicada por los jueces en el marco de sus sentencias, por interpretación de los usos y costumbres de una sociedad dada en ausencia de precedente judicial.

Es una conducta determinada que puede o no ser compartida por una misma sociedad en un mismo tiempo, con valor judicial indispensable a la hora de resolver los pleitos, especialmente aquellos vinculados a la aplicación del derecho penal.

La consolidación de las ideas unitarias a través de la centralidad del gobierno en Buenos Aires, bajo la dirección de Juan Manuel de Rosas.

La disolución de las autoridades provinciales, para dar paso a un proceso de violencia política protagonizadas por los caudillos de la época.

Las elites de las provincias, incluyendo a Buenos Aires, pierden su capacidad de control políticoy económico mediante el surgimiento de movimientos de raigambre popular.

La consolidación de las ideas del Suarismo que habían sido impulsadas en la revolución de Mayo, con el crecimiento de la influencia de los postulados de la Revolución Francesa y el proceso de independencia de EEUU.

Resolvió la convocatoria a un Congreso General Constituyente con el objeto de sancionar una constitución que sintetice las posiciones unitarias y federales de la totalidad de las provincias existentes al momento de su sanción.

Ante la anarquía provocada por la ausencia de autoridades nacionales, se dispuso establecer a la ciudad de San Nicolás, como capital nacional provisoria, hasta el establecimiento de un Congreso Nacional que resolviera la cuestión.

La provincia de buenos se declara como parte integrante de la Confederación Argentina, ya que había estado escindida del resto de las provincias desde el llamado Acuerdo de San Nicolás.

Se determinó el receso de las autoridades nacionales y la asunción, por parte de la Provincia de Buenos Aires, de la representación internacional de las provincias.

Existen dos tipos de normas: unas que son realizadas por los representantes del pueblo y otras que son adoptadas de manera directa por la ciudadanía.

Existen ciertas normas aplicables exclusivamente a los gobernados, pero no a los gobernantes.

Las deliberaciones políticas y colectivas son tomadas por personas elegidas por los ciudadanos para tal fin.

Las decisiones políticas están limitadas por la autoridad del presidente o jefe de gobierno.

Hay competencias que son compartidas entre el Gobierno Central y el gobierno de las provincias.

Las provincias forman parte de los procesos de decisión del gobierno federal, a través de los representantes que poseen en el Congreso de la Nación.

Las provincias poseen competencias propias y otras delegadas en el gobierno federal.

Las autoridades políticas federales tienen supremacía y jefatura sobre las autoridades provinciales que se encuentran bajo su jurisdicción.

Es un derecho que el Estado lo respetará en la medida que despliegue un accionar orientado a garantizar la efectiva realización y concreción de lo que el derecho supone.

Es un derecho que no está expresamente mencionado, pero que nace del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Es un derecho que se que se encuentra expresamente mencionado en la parte dogmática de la constitución y/o en los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional

Es un derecho meramente formal, que no supone una obligación para el estado o para los particulares.

Es un derecho que el Estado lo respetará en la medida que no interponga barreras a los particulares para que puedan concretarlo.

Es un derecho que el Estado lo respetará en la medida que despliegue un accionar orientado a garantizar la efectiva realización y concreción de lo que el derecho supone.

Es un derecho que se que se encuentra expresamente mencionado en la parte dogmática de la constitución y/o en los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional

Es un derecho que conlleva la adquisición, goce y satisfacción de otros derechos menores que de él se desprenden.

Es el principio que establece que se deben aplicar a los hechos, las normas vigentes en ese momento, de forma exclusiva, y nunca las sancionadas con posterioridad.

Es el principio que establece que que todo lo que no está prohibido expresamente, está permitido y que toda prohibición debe efectuarse a través de la ley.

Es el principio que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Es el principio que prohíbe el arresto si no es realizado en virtud de una orden escrita emanada de una autoridad competente.

Es la garantía que estipula que solamente con una orden judicial fundada se puede acceder a las propiedades y/o posesiones privadas de una persona.

Es la garantía que dispone la imposibilidad de enjuiciar a una persona más de una vez por el mismo hecho.

Es la garantía consistente en la posibilidad de hacer revisar la sentencia del juicio ante un juez o tribunal superior.

Es la garantía que establece que debe existir una adecuación entre lo solicitado y la decisión judicial adoptada en la sentencia.

Por el presidente de la nación, con acuerdo del Congreso.

Por el Senado, en base a la selección efectuada por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo presidencial.

Por el presidente de la nación, en base a la selección efectuada por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado.

Por el Senado, con dos tercios de sus miembros presentes, con acuerdo de la Cámara de Diputados.

Haber cumplido la edad de 25 años y ser natural de la provincia que lo elija.

Haber nacido en territorio argentino o hijo de argentinos en territorio extranjero y poseer dos años de ciudadanía de la provincia que lo elija.

Ser abogado y contar con una renta anual de dos mil pesos fuertes, aunque este requisito ya no se aplica.

Haber cumplido la edad de 30 años y poseer dos años de residencia inmediata en la provincia que lo elija.

De manera directa, por simple mayoría de sufragios.

De manera indirecta, por mayoría de sufragios.

De manera directa, con ballotage, por mayoría absoluta de los sufragios.

De manera indirecta, a través del Colegio Electoral.

La Constitución es la ley Suprema porque es el resultado del devenir histórico de la Nación y refleja de manera adecuada los documentos pre-constitucionales, los pactos preexistentes y los lineamientos del preámbulo.

La Constitución es la ley Suprema porque es el resultado del devenir histórico de la Nación, refleja de manera adecuada la realidad política del país y posee los derechos consagrados en pactos preexistentes y los tratados internacionales.

La Constitución es la ley Suprema porque establece cuál es la división territorial y jurídico-política del país, así como sus límites y territorios soberanos.

La Constitución es la ley Suprema porque así está regulado en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente en el Pacto de San José de Costa Rica que establece que las constituciones, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales son la ley suprema de los Estados miembro.

Que Marbury tiene un derecho lesionado, pero que la Corte no puede emitir el mandamiento porque las leyes de su país no le otorgan un remedio necesario.

Que Marbury tiene un derecho lesionado, que las leyes de su país le otorgan un remedio, pero que la Corte no puede emitir un mandamiento por ser una cuestión política.

Que Marbury tiene un derecho lesionado, que las leyes de su país le otorgan un remedio, pero que la Corte, por más que emita un mandamiento, no será cumplido por el poder político.

Que Marbury tiene un derecho lesionado, que las leyes de su país le otorgan un remedio, pero que la Corte no puede emitir un mandamiento porque su nombramiento como Juez fue inconstitucional.

Normas que regulen cuestiones constitucionales, tributarias, medio-ambientales o de consumidores.

Normas que dispongan la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y la declaración del estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado.

Normas que regulen relaciones de consumo, de índole civil o laboral, y que sean competencia exclusiva del Poder Legislativo

No existe límite para la intervención del Poder Ejecutivo en el caso de acreditarse la necesidad y la urgencia requeridas.

Habilita al Poder Ejecutivo a dictar un decreto de necesidad y urgencia sobre la materia.

Vuelve al Poder Ejecutivo para que su revisión y eventual insistencia.

Es elevado a la Corte Suprema de Justicia para que se expida acerca de su constitucionalidad

Se habilita al Poder Ejecutivo a presentar el proyecto en la otra cámara.