Luego de ser ratificado por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo evalúa si el Tratado Internacional de Derechos Humanos debe adquirir jerarquía constitucional.

Luego de ser tratado en comisiones, el Congreso en pleno evalúa si el Tratado Internacional de Derechos Humanos debe adquirir jerarquía constitucional, debiendo contar con la aprobación de los dos tercios de los miembros presentes.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Canciller, firman el tratado, el cual adquiere jerarquía constitucional.

Para adquirir jerarquía constitucional un tratado debe ser incorporado formalmente al bloque de constitucionalidad federal siguiendo los mismos procedimientos que requiere una reforma constitucional.

Porque estableció el carácter monista del sistema jurídico argentino al entender que la Convención Americana tiene jerarquía superior a las leyes pero inferior a la Constitución Nacional.

Porque consagró la primacía absoluta del derecho internacional por sobre el derecho interno, incluyendo a la Constitución Nacional, siempre y cuando se trate de regulaciones referidas a Derechos Humanos.

Porque otorgó a los tratados internacionales la misma jerarquía que las leyes y es por eso que se interpreta que el actor debía poder ejercer su derecho a réplica.

Porque reafirmó el carácter dualista del sistema jurídico argentino, al otorgarle a los Tratados Internacionales una relación jerárquica superior con respecto al ordenamiento jurídico interno.

El Tratado creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objeto de asegurar el respeto y promoción de los derechos humanos y la paz mundial.

El tratado edificó un sistema efectivo de protección del hombre contra el poder arbitrario de los Estados al reconocer derechos a nivel internacional y mecanismos de control de esos derechos.

El tratado introdujo la primera enumeración de Derechos Humanos de la historia, elaborando un listado único de ellos.

El tratado estableció como objetivo la realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

Los derechos humanos son otorgados a la persona humana por su condición ciudadano del mundo, impidiéndose así que sean transferidos a título gratuito u oneroso, en virtud de su titularidad como ser humano.

Existe una noción de plena igualdad en cuanto a su titularidad por el simple hecho de ser persona, lo que impide la realización de cualquier tipo de distinción por motivos de cualquier índole.

El sujeto debe respetar, por propia voluntad o por verse obligado a hacerlo, la concesión de derechos humanos por parte de los Estados a sus ciudadanos, en la medida en que no afecten a terceros ni perjudiquen el orden y la moral públicas.

Los derechos humanos pueden oponerse unos a otros, de forma tal que es posible para un Estado resolver con efecto general la primacía del cumplimiento de un conjunto de derechos en detrimento de otros.

Todos los humanos nacen con el deber expreso y universal de respetar la dignidad humana y la autoridad estatal de que se trate, ya que es ésta la que confiere los derechos atribuidos a la persona humana.

El reconocimiento de los derechos humanos es ineludible por el orden jurídico, pues configuran una serie de atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el poder público.

Los derechos humanos no pueden ser menoscabados en el ejercicio regulatorio que el Estado ejerce de los mismos, debido a que todos los seres humanos gozan en igualdad de condiciones al goce y ejercicio irrestricto de sus derechos.

La Comunidad Internacional debe velar por que todos los seres humanos gocen de igual manera de los derechos, indistintamente si se trata de países desarrollados o en vías de desarrollo.

Al suscribir un tratado de derechos humanos, los Estados firmantes establecen un mínimo funcionamiento de los sistemas de protección internacinoal, no pudiendo ampliarse los derechos no ingresados dentro de dicho tratado.

Frente a la colisión entre un derecho interno y otro surgido de un tratado internacional, el estado parte puede aplicar el derecho que sea más básico y elemental para beneficio de la persona humana.

Cuando un Estado suscribe un tratado de derechos humanos se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales adecúen su legislación local para luego poder aplicarlo a los supuestos que ese tratado contempla.

Cualquier Estado está habilitado para invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, pero no pueden violar el estandar mínimo establecido por la legislación.

No, porque el principio de autoejecutividad exige que exista una norma interna que habilite la posibilidad de acceso al sistema internacional de protección de derechos humanos.

No, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca puede revisar una sentencia de un Juzgado Nacional Argentino, ya que carece de competencia para ello.

Sí, en la medida en que se cumpla el principio de operatividad, establecido en este caso en la necesidad de dar intervención al Poder Judicial local en el proceso de revisión internacional.

Sí, porque a partir de la suscripción de los tratados internacionales de derechos humanos, cada uno de los Estados se compromete a aceptar la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana, con preevalencia a sus propios sistemas jurídicos.

El pleno goce del derecho exclusivo de propiedad sólo puede quedar plenamente garantizando una vez que se alcance un estandar mínimo de acceso a dicho derecho por parte del común de la sociedad.

La condición y el resultado del trabajo es la propiedad privada. La superación de la propiedad privada, por tanto, solo puede realizarse cuando se la conciba como superación del propio trabajo de la persona humana, en la plenitud de su dignidad.

Nadie puede acceder al uso y goce de sus bienes sino en virtud de la ley interna de los países de los Estados miembro, que a su vez supeditarán su regulación a los intereses del bien común.

La propiedad privada es la garantía más importante de la libertad, no sólo para los que tienen propiedades, sino también para los que no las tienen; y conforme a tal relevancia en la jerarquía de derechos debe resultar en princpio ponderador del resto del ordenamiento jurídico.

Sí, pero sólo en la medida en que cuente con la aprobación y el patrocinio del Estado miembro de la Organización, a través del cual debe efectuar la petición ante la Comisión.

Sí, siempre que la cuestión haya sido sometida a la consideración de la Asamblea General de la Organización en un lapso no mayor a los 6 meses, contados a partir de la fecha de la resolución del conflicto.

No, pues solamente las personas y los Estados miembro puede accceder a peticionar ante la Comisión Interamericana.

No, pues solamente los Estados miembro y la Corte Interamericana puede accceder a peticionar ante la Comisión Interamericana.

No, no puede admitirse, a menos que exista un pronunciamiento de los máximos tribunales superiores de los Estados miemrbo implicados.

Sí, puede amitirse en el caso de que la Comisión Interamericana hubiera admitido una petición anteriormente sobre el mismo caso o un caso análogo al denunciado, en la medida de que se tratare del mismo Estado parte.

Sí, puede amitirse en el caso de que la Corte Interamericana se hubiera pronunciado anteriormente sobre el mismo caso o un caso análogo al denunciado, en la medida de que se tratare del mismo Estado parte.

No, no puede admitirse, ya que ello implicaría una violación al principio de subsidiariedad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El juez nacional del estado implicado debe excusarse de intervenir en el entendimiento de la cuestión, de manera expresa, y la excusación debe ser aceptada por sus pares de la Corte.

El juez nacional del estado implicado debe ser reemplazado por otro juez de una nacionalidad distinta a la de las partes implicadas en el caso, denominado juez ad hoc.

El juez puede entender en la causa, pero para ello debe contar con la aprobación de la contra parte en el caso y de su posterior aprobación por los miembros restantes de la Corte.

El juez nacional del estado parte está obligado a no intervenir, bajo apercibimiento de ser removido de sus funciones de manera permanente.

Peticionar ante la Corte Interamericana, siempre que la petición sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que la presunta lesionada en sus derechos haya sido notificada de la decisión definitiva.

Peticionar ante la Comisión Interamericana, ya que si bien no se cumplen los requisitos estipulados en la Convención, la Sra. Devoto fue privada de su libertad religiosa de manera arbitraria e irrazonable.

Peticionar mediante una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, ya que existe un retardo injustificado en la respuesta a los pedidos formulados por la defensa de la Sra. Devoto.

Peticionar directamente ante la Corte Interamericana por violar lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que se encuentran agotados los recursos de jurisdicción interna del país.

Se ocupa de asuntos vinculados al desarrollo económico, cultural, educativo y sanitario, pudiendo hacer para ello recomendaciones a la Consejo de Seguridad, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interados.

Su objetivo es promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios bajo administración de Naciones Unidas, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia.

Puede tratar cualquier asunto, en particular los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, pudiendo hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Estados miembros o al Consejo de Seguridad.

Interviene en la regulación del desarrollo económico, educativo y sanitario de los habitantes de los estados que se encuentran bajo la tutela, administración u ocupación, sea esta transitoria o permanente, de las fuerzas de seguridad de la ONU.

Se comopone de quince miembros, cinco de los cuales son permanentes y diez no permanentes, aunque estos últimos son propuestos a la Asamblea General por parte de los miembros permanentes, resultando elegidos para ocupar una banca por cinco años.

Las decisiones del Consejo de Seguridad deberán ser tomadas por el voto afirmativo de la mitad más uno de sus miembros, debiendo incluirse entre dicha mayoría el voto afirmativo de todos los miembros permanentes del Consejo.

Ningún Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá participar de las discusiones relativas a dicha controversia, debiendo canalizar sus inquietudes o sugerencias a través de la Asamblea General o la Corte Internacional de Justicia.

El Consejo de Seguridad sesiona una vez al año, la última semana de Octubre, en la ciudad de La Haya, Holanda, en sesiones públicas que pueden presenciar el resto de los Estados, sin voz ni voto en las cuestiones a tratar.

Tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y sobre aquellos cuyo tratamiento no haya sido abordado por otros tribunales internacionales.

Tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y sobre aquellos cuyo tratamiento no haya sido abordado por los tribunales nacionales de los estados miembros.

Tendrá competencia respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, exclusivamente.

Tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas y sobre aquellos cuyo tratamiento no haya sido abordado por otros tribunales internacionales.

Sí, pero solamente en el caso en que la Corte Penal Internacional hubiera pronunciado sentencia absolviendo al acusado, por el principio del derecho de las víctimas a la verdad.

No, pues el principio de subsidiariedad impide que otro tribunal con o sin competencia internacional viole entienda en la causa, excepto en el caso de delitos cometidos entre miembros de un mismo Estado.

No, pero la Corte Penal Internacional puede revisar las sentencias de los tribunales nacionales de los Estados miembros cuando se trate de delitos que según el Tratado de Roma pueden resultar de su competencia y se resolvieran antes de su entrada en vigor.

Sí, pues la sentencia producida por la Corte Penal Internacional no tiene efecto práctico en la vida interna de los países ni en la del propio condenado.

Habrá crimen de guerra cuando existan hechos cometidos con la intención de aniquilar totalmente a un grupo político, en el marco de un enfrentamiento bélico por razones territoriales o religiosas.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.

Habrá crimen de guerra cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso, aún cuando dicho ataque sea en el marco de un enfrentamiento bélico al interior de un estado.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos perpetrados contra la población civil de un estado democrático por un gobierno o ejército extranjero o invasor, en virtud de su identidad idiomática, cultural o nacional.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes de grupo militar enemigo determinado.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo ideológico, cultural, social o político que se consideraba enemigo, en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Está compuesta por siete miembros, elegidos por los países implicados en los casos a tratar, exclusivamente, por lo que pueden existir más de dos jueces de la misma nacionalidad.

Está compuesta por siete miembros, y pueden ser miembros más de dos jueces de la misma nacionalidad sólamente en el caso que dicha nación no sea parte del litigio a examinar.

La Comisión Americana es la encargada de elegir a los jueces de la Corte a propuesta de la Asamblea General de la OEA, mediante una votación secreta y por mayoría absoluta de los votos.

Es requisito para integrar la Corte ser abogados/as especializados/as en derechos humanos y derecho internacional, y ser o haber sido juez en su país de origen.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo constitutivo de una población civil determinada, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo étnico, racial o religioso determinado en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.