Establecer los mecanismos regionales y locales que permitan la plena realización de la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias entre Estados.

Definir los canales políticos y legales suficientes para facilitar los procesos de integración regional como mecanismo de establecer la cooperación internacional y la plena realización de los derechos humanos.

Impulsar mecanismos de solución de conflictos que posibiliten evitar un conflicto militar y nuclear, en el marco de la tensión existente durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética.

Consagrar el derecho internacional al acceso a la justicia mediante el enjuiciamiento de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial.

Porque los poderes públicos están dotados de las garantías necesarias para establecer el ejercicio de los derechos humanos en caso de ausencia o reestablecer su vigencia en caso de violación, mediante las prestaciones correspondientes.

Porque los derechos humanos tienen la misma importancia, no resulta posible jerarquizarlos. Por ende, todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.

Porque los derechos humanos pertenecen a la persona humana por su condición de tal, por lo que no pueden ser escindidos de su ser, imposiblitándose así que sean transferidos o renunciados.

Porque el reconocimiento de los derechos humanos es ineludible por el orden jurídico, pues configuran una serie de atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el poder público.

Los derechos humanos son otorgados a la persona humana por su condición ciudadano del mundo, impidiéndose así que sean transferidos a título gratuito u oneroso, en virtud de su titularidad como ser humano.

Existe una noción de plena igualdad en cuanto a su titularidad por el simple hecho de ser persona, lo que impide la realización de cualquier tipo de distinción por motivos de cualquier índole.

El sujeto debe respetar, por propia voluntad o por verse obligado a hacerlo, la concesión de derechos humanos por parte de los Estados a sus ciudadanos, en la medida en que no afecten a terceros ni perjudiquen el orden y la moral públicas.

Los derechos humanos pueden oponerse unos a otros, de forma tal que es posible para un Estado resolver con efecto general la primacía del cumplimiento de un conjunto de derechos en detrimento de otros.

El fallo concluyó que el derecho internacional es aplicable exclusivamente a los estados, pero nunca puede generar obligaciones con respecto a los individuos particulares.

El fallo reafirmo el compromiso de la Nación con los Derechos Humanos consagrando la obligación de garantizar el pleno ejercicio de la dignidad humana.

El fallo otorgó a los tratados internacionales la misma jerarquía que las leyes y es por eso que se interpreta que el actor debía poder ejercer su derecho a réplica.

El fallo dispuso que el derecho a réplica o respuesta, al no haber sido objeto de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno, no puede aplicarse.

Los tratados de integración tienen jerarquía constitucional, tal como la que gozan los tratados de derechos humanos, incluidos en el artículo 75 inciso 22.

Los tratados de integración tienen jerarquía superior a las leyes y las normas que se dicten a partir de ellos tienen la misma jerarquía que las leyes.

Los tratados de integración y las normas que se dicten a partir de ellos se ubican en una jerarquía igual a las leyes.

Los tratados y las normas que se dicten a partir de ellos tienen jerarquía inferior a las leyes.

Los Estados están obligados a adoptar medidas tendientes a lograr el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos humanos y el permanente incremento de la cantidad de derechos protegidos.

Cualquier estado está habilitado para invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, excepto que exista sentencia de un tribunal internacional.

Las normas contenidas en los tratados internacionales son de aplicación inmediata en el derecho interno de los países, sin necesidad de que exista ninguna norma interna que reciba el derecho contenido en un instrumento internacional.

Los Estados se comprometen a proveer un piso mínimo de derechos, que pueden ampliar en cantidad y calidad a través de normas de orden interno.

Sí, pero solamente cuando haya un retardo injustificado en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o cuando el afectado no hubiera podido plenamente acceder a la Justicia argentina.

No, porque en base a los principios de subsidiariedad y operatividad del derecho internacional de los derechos humanos no es posible la intervención de un tribunal internacional en asuntos locales.

Sí, aunque sólo en la medida en que la apelación sea formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No, porque la sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan oponibles erga-omnes, de acuerdo a lo prescripto por las características de los derechos humanos.

Nadie puede ser enjuiciado sin comunicación previa y detallada de lo que se le acusa, excepto cuando el derecho de acceso a la verdad, el bien común de la sociedad y/o el interés nacional del Estado Parte se encuentran implicados.

Toda persona absuelta por una sentencia firme podrá ser sometida a nuevo juicio por los mismos hechos solamente si el derecho de acceso a la verdad, el bien común de la sociedad y/o el interés nacional del Estado Parte se encuentran implicados.

Nadie puede ser enjuiciado por los órganos nacionales de un Estado miembro si puede ser igualmente enjuiciado por los organismos internaciones de derechos humanos, en virtud del principio de auto-limitación estatal.

Toda persona tiene derecho a acusar a otra de haber cometido un delito frente a un juez o tribunal competente, debiéndose tener por cierta su acusación hasta que el acusado pueda demostrar fehacientemente su inocencia.

Que la cuestión haya sido sometida a la consideración de la Asamblea General de la Organización durante el período ordinario de sesiones del año en curso o tratado en un informe sobre su labor si se trata de un año anterior.

Que sea presentada dentro del plazo de doce meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.

Que la materia de la petición o comunicación haya sido sometida previamente en otra instancia o procedimiento de arreglo internacional.

Que la petición contenga el nombre, la profesión y el domicilio del juez ad hoc propuesto para intervenir en el caso por la persona o el representante legal de la entidad que somete la petición.

Cualquier persona nacional de alguno de los Estados miembros de la Organización y los funcionarios de los gobiernos de dichos estados.

Las ONGs legalmente reconocidas, los funcionarios estatales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cualquier persona, siempre que la cuestión haya sido sometida a la consideración de la Asamblea General de la Organización durante el período ordinario de sesiones del año en curso o tratado en un informe sobre su labor si se trata de un año anterior.

Los representantes de los gobiernos de los Estados parte y la Corte Interamericana, exclusivamente.

Efectúa recomendaciones a los Estados miembros que generan responsabilidad internacional y habilitan a la Corte o la Asamblea General a iniciar causas de oficio por su incumplimiento.

A los efectos de las regulaciones internacionales funciona como un Estado americano más, puede solicitar opiniones consultivas, impulsar mociones y votar en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Prepara las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y/o la Corte Internacional de Justicia, a requerimiento de la Asamblea General de la OEA.

Atiende las consultas sobre la observancia de los derechos humanos formuladas por Naciones Unidas, formulando normas consuetudinarias obligatorias, recomendaciones directas y tratados de alcance general para los funcionarios y la población general.

La Corte puede consultar a los Estados Parte sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en cada una de las legislaciones internas.

La Corte puede consultar a otros organismos internacionales de derechos humanos acerca del alcance e incremento de la aplicación e interpretación de otros tratados de derechos humanos que se encuentren por fuera de su jurisdicción.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

La Asamblea General de la OEA, los Superiores Tribunales de Justicia de la Nación y cualquier centro de aplicación específica de Derechos Humanos podrán consultar a la Corte acerca de la compatibilidad entre cualquier ley interna y la Convención Americana u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos.

La Comisión Americana es la encargada de elegir a los jueces de la Corte a propuesta de la Asamblea General de la OEA, mediante una votación secreta y por mayoría absoluta de los votos.

Es requisito para integrar la Corte ser abogados/as especializados/as en derechos humanos y derecho internacional, y ser o haber sido juez en su país de origen.

Está compuesta por siete miembros, elegidos por los países implicados en los casos a tratar, exclusivamente, por lo que pueden existir más de dos jueces de la misma nacionalidad.

Está compuesta por siete miembros, y pueden ser miembros más de dos jueces de la misma nacionalidad sólamente en el caso que dicha nación no sea parte del litigio a examinar.

Peticionar ante la Comisión Interamericana a partir del plazo de doce meses posteriores a la fecha de detención del Sr. Ganzúa, con el objeto de lograr su inmediata puesta en libertad a la espera del juicio.

Peticionar directamente ante la Corte Interamericana por violar lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que se han violados derechos allí consagrados y no se ha permitido al Sr. Ganzúa el acceso a los recursos de la jurisdicción interna.

Peticionar mediante una Opinión Consultiva a la Comisión Interamericana, ya que existe un retardo injustificado en la respuesta a los pedidos formulados por la defensa del Sr. Ganzúa.

Peticionar ante la Corte Interamericana, ya que si bien no se cumplen los requisitos estipulados en la Convención, se le ha impedido al Sr. Ganzúa acceder y agotar los recursos de la jurisdicción interna.

Es el conjunto de principios y costumbres que rigen el contenido de punibilidad del derecho internacional, derivadas del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

Es el proceso por el que se castiga a los estados y gobiernos por el incumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el proceso por el que se castiga a las personas encargadas de dirigir los estados y los gobiernos por el incumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el conjunto de principios morales y de justicia sostenidos por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas, receptuados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Penal Internacional y el procedimiento establecido en el Tratado de Roma.

Habrá delito de genocidio cuando existan actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Habrá delito de genocidio cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso.

Habrá delito de genocidio cuando quien está en condiciones de dirigir o controlar la acción militar de un estado planifica, prepara, inicia o realiza un acto que constituye una violación manifiesta a la carta de Naciones Unidas.

Habrá delito de genocidio cuando se cometan crímenes orientados contra la población religiosa de un estado en el marco de un enfrentamiento bélico, indistintamente de si se trata de una disputa religiosa, cultural o racial.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.

Habrá crimen de guerra cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso, aún cuando dicho ataque sea en el marco de un enfrentamiento bélico al interior de un estado.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos perpetrados contra la población civil de un estado democrático por un gobierno o ejército extranjero o invasor, en virtud de su identidad idiomática, cultural o nacional.

Habrá crimen de guerra cuando existan hechos cometidos con la intención de aniquilar totalmente a un grupo político, en el marco de un enfrentamiento bélico por razones territoriales o religiosas.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes de grupo militar enemigo determinado.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo ideológico, cultural, social o político que se consideraba enemigo, en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Establece que el Comandante Maltipo podría ser enjuiciado por tantos tribunales como sea necesario hasta alcanzar el resarcimiento a las víctimas, en virtud de la magnitud del crimen cometido.

Establece que el Comandante Maltipo no podría ser condenado por el Tribunal Penal de Ulmebaum ya que este no tiene competencia para juzgar crímenes de guerra, toda vez que esa jurisdicciónfue asignada a la Corte Penal Internacional de manera exclusiva.

Establece que el Comandante Maltipo podría ser enjuiciado ya que los crímenes de guerra no prescriben, y su persecución resulta retroactiva y permanente en virtud de la gravedad del delito.

Establece que el Comandante Maltipo no podría ser enjuiciado en Ulmebaum, sólo podría volver a ser procesado por el mismo hecho por la justicia de su país, Conseya.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo enemigo, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo enemigo determinado en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.