Consagró por primera vez en la historia un listado de derechos humanos que ponía fin a las incertidumbres y disputas acerca de cuál era el alcance de éstos y cuál su enumeración.

Edificó un sistema efectivo de protección del hombre contra el poder arbitrario de los Estados al reconocer derechos a nivel internacional y mecanismos de control de esos derechos.

Determinó que cada Estado tenía total discrecionalidad para el establecimiento de los derechos que regirían en su territorio, sin la obligación de conferir estándares internacionales de derechos a su población.

Consagró que todos los hombres y mujeres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inalienables de los que no pueden ser despojados bajo ninguna circunstancia.

El fallo reafirmó la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno y el carácter monista del sistema jurídico argentino.

El fallo consagró el principio de autoejecutividad al afirmar que el derecho es aplicable, indistintamente si está consagrado en una norma interna o en un tratado internacional.

El fallo resolvió que se debía otorgar el derecho a réplica al actor, aunque no existieran normas en el derecho interno que lo regulen.

El fallo estipuló que el ejercicio de cualquier derecho humano debe garantizarse aún cuando no se encuentre efectivamente legislado sea en un tratado internacional o en una norma interna.

Los derechos humanos son otorgados a la persona humana por su condición ciudadano del mundo, impidiéndose así que sean transferidos a título gratuito u oneroso, en virtud de su titularidad como ser humano.

Existe una noción de plena igualdad en cuanto a su titularidad por el simple hecho de ser persona, lo que impide la realización de cualquier tipo de distinción por motivos de cualquier índole.

El sujeto debe respetar, por propia voluntad o por verse obligado a hacerlo, la concesión de derechos humanos por parte de los Estados a sus ciudadanos, en la medida en que no afecten a terceros ni perjudiquen el orden y la moral públicas.

Los derechos humanos pueden oponerse unos a otros, de forma tal que es posible para un Estado resolver con efecto general la primacía del cumplimiento de un conjunto de derechos en detrimento de otros.

Porque los poderes públicos están dotados de las garantías necesarias para establecer el ejercicio de los derechos humanos en caso de ausencia o reestablecer su vigencia en caso de violación, mediante las prestaciones correspondientes.

Porque los derechos humanos tienen la misma importancia, no resulta posible jerarquizarlos. Por ende, todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.

Porque los derechos humanos pertenecen a la persona humana por su condición de tal, por lo que no pueden ser escindidos de su ser, imposiblitándose así que sean transferidos o renunciados.

Porque el reconocimiento de los derechos humanos es ineludible por el orden jurídico, pues configuran una serie de atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados por el poder público.

Frente a la colisión entre un derecho interno y otro surgido de un tratado internacional, el estado parte puede aplicar el derecho que sea más beneficioso para los derechos humanos de la persona.

Cuando un Estado suscribe un tratado de derechos humanos se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales adecúen su legislación local para luego poder aplicarlo a los supuestos que ese tratado contempla.

Los estados parte de un tratado están obligados a adoptar medidas tendientes a lograr el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos humanos, incrementado la calidad y cantidad de los derechos protegidos.

Cualquier estado está habilitado para invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, excepto que exista sentencia de un tribunal internacional.

Todos los tratados de derechos humanos tienen la misma jerarquía normativa que la Constitución Nacional.

Todos los tratados de derechos humanos poseen una jerarquía inferior a la Constitución Nacional, pero superior a las leyes.

Los únicos tratados de derechos humanos que gozan de la misma jerarquía que la Constitución Nacional son aquellos que están expresamente enumerados en el art. 75 inc 22.

Los únicos tratados de derechos humanos que gozan de una jerarquía superior a la Constitución Nacional son aquellos que están expresamente enumerados en el art. 75 inc 22.

Puede apelar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y/o la Corte Internacional de Justicia siempre que así lo autorice la Asamblea General de la OEA.

Prepara recomendaciones a los Estados miembros que generan responsabilidad internacional y habilitan a la Corte o la Asamblea General a iniciar causas de oficio por su incumplimiento.

Estudia la observancia de los derechos humanos en las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros, formulando recomendaciones, directrices y normas de alcance general para los funcionarios y la población general.

Adopta medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de las leyes internas de los países, aún interviniendo en la jurisdicción interna de los Estados como parte legitimada.

La función consultiva de la Corte está vinculada al funcionamiento interno de la Organización de los Estados Americanos, pero no tiene relación específica con los Estados Parte o sus ciudadano de manera directa.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

La Asamblea General de la OEA, los Superiores Tribunales de Justicia de la Nación y cualquier centro de aplicación específica de Derechos Humanos podrán consultar a la Corte acerca de la compatibilidad entre cualquier ley interna y la Convención Americana u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos.

La Corte puede consultar a los Estados Parte sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en cada una de las legislaciones internas.

Si es absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, excepto que se tratare de violaciones reiteradas o sistemáticas a los derechos humanos.

Recurrir la sentencia que reciba ante juez o tribunal superior, ya sea en el país donde se realizó el juicio o en el de su nacionalidad, si fuera extranjero.

Defenderse personalmente, por un defensor de su elección o por el que elija el juez o la fiscalía para que asuma su asistencia, y comunicarse libre y privadamente con su defensor o asistente.

No ser enjuiciado sin comunicación previa y detallada de lo que se le acusa, excepto cuando el derecho de acceso a la verdad, el bien común de la sociedad y/o el interés nacional del Estado Parte se encuentran implicados.

Incorrecto, porque no se puede privar al Estado miembro de resolver la cuestión en sus instancias locales, tal como lo dispone el principio de subsidiariedad.

Correcto, porque según el principio de interpretación pro-homina, no se puede privar al denunciante de una instancia de reparación y/o subsanación de las violaciones alegadas.

Correcto, porque así lo dispone la Convención Americana en su artículo 46, exceptuando el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos.

Incorrecto, porque la Convención prevé la posibilidad de iniciar peticiones por delitos aberrantes de manera directa ante sus propios órganos de resolución de conflictos.

No, porque en base a los principios de subsidiariedad y operatividad del derecho internacional de los derechos humanos no es posible la intervención de un tribunal internacional en asuntos locales definidos por los máximos tribunales.

No, porque la sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan oponibles erga-omnes, de acuerdo a lo prescripto por las características de los derechos humanos.

Sí, en la medida que cumpla con el principio de subsidiariedad, que establece la necesidad de intervención de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en casos contenciosos.

No, porque la Comisión Interamericana no es un organismo internacional que pueda revisar casos producidos mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando un Estado suscribe un tratado de derechos humanos se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales adecúen su legislación local para luego poder aplicarlo a los supuestos que ese tratado contempla.

A partir de la suscripción de los tratados de derechos humanos, cada uno de los Estados se comprometen a proveer un piso mínimo de derechos a través de normas de orden interno.

Los Estados se comprometen a proveer un piso mínimo de derechos, de inspiración progresista, que pueden ampliar en cantidad y calidad a través de normas de orden interno.

Las normas contenidas en los tratados internacionales vinculadas al progreso de los derechos humanos son de aplicación inmediata en el derecho interno de los países, sin necesidad de que exista ninguna norma interna que reciba el derecho contenido en un instrumento internacional.

Es requisito para integrar la Corte ser abogados/as especializados/as en derechos humanos y derecho internacional, y ser o haber sido juez en su país de origen.

La Comisión Americana es la encargada de elegir a los jueces de la Corte a propuesta de la Asamblea General de la OEA, mediante una votación secreta y por mayoría absoluta de los votos.

Está compuesta por siete miembros, elegidos por los países implicados en los casos a tratar, exclusivamente, por lo que pueden existir más de dos jueces de la misma nacionalidad.

Está compuesta por siete miembros, y pueden ser miembros más de dos jueces de la misma nacionalidad sólamente en el caso que dicha nación no sea parte del litigio a examinar.

Peticionar directamente ante la Corte Interamericana por violar lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que se encuentran agotados los recursos de jurisdicción interna del país.

Peticionar ante la Corte Interamericana, siempre que la petición sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.

Peticionar ante la Comisión Interamericana, ya que si bien no se cumplen los requisitos estipulados en la Convención, el Sr. Verhalten fue privado de su libertad de manera arbitraria e irrazonable.

Peticionar mediante una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, ya que existe un retardo injustificado en la respuesta a los pedidos formulados por la defensa del Sr. Verhalten.

Es el conjunto de principios y costumbres que rigen el contenido de punibilidad del derecho internacional, derivadas del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

Es el proceso por el que se castiga a los estados y gobiernos por el incumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el proceso por el que se castiga a las personas encargadas de dirigir los estados y los gobiernos por el incumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es el conjunto de principios morales y de justicia sostenidos por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas, receptuados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Penal Internacional y el procedimiento establecido en el Tratado de Roma.

Habrá delito de lesa humanidad cuando existan hechos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Habrá delito de lesa humanidad cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso.

Habrá delito de lesa humanidad cuando quien está en condiciones de dirigir o controlar la acción militar de un estado planifica, prepara, inicia o realiza un acto que constituye una violación manifiesta a la carta de Naciones Unidas.

Habrá delito de lesa humanidad cuando se cometan crímenes orientados contra la población religiosa de un estado en el marco de un enfrentamiento bélico, indistintamente de si se trata de una disputa religiosa, cultural o racial.

Habrá crimen de agresión cuando existan actos perpetrados contra la población civil de un estado democrático por un gobierno o ejército extranjero o invasor, en virtud de su identidad étnica, ideológica o religiosa.

Habrá crimen de agresión cuando se cometan crímenes en el marco de un enfrentamiento bélico como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

Habrá crimen de agresión cuando quien está en condiciones de tomar el poder en el marco de una contienda bélica adopta medidas conducentes a someter, torturar o asesinar a un grupo extranjero.

Habrá crimen de agresión cuando se produzca cualquier acción dirigida contra cualquier persona que, por su condición de tal, es titular de los derechos humanos establecidos en los Tratados y Acuerdos Internacionales.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo militar enemigo determinado en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes de grupo militar enemigo determinado.

Crimen de Agresión, ya que constituyó un ataque decidido por un grupo de personas que estaba controlando la acción militar de un estado y tuvo por objeto el asesinato, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo enemigo, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo nacional enemigo en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

No, pues el principio de subsidiariedad impide que otro tribunal con o sin competencia internacional viole entienda en la causa, excepto en el caso de delitos cometidos entre miembros de un mismo Estado.

Sí, pero solamente en el caso en que la Corte Penal Internacional hubiera pronunciado sentencia absolviendo al acusado, por el principio del derecho de las víctimas a la verdad.

No, pero la Corte Penal Internacional puede revisar las sentencias de los tribunales nacionales de los Estados miembros cuando se trate de delitos que según el Tratado de Roma pueden resultar de su competencia y se resolvieran antes de su entrada en vigor.

Sí, pues la sentencia producida por la Corte Penal Internacional no tiene efecto práctico en la vida interna de los países ni en la del propio condenado.