No, porque a pesar de ser referido a derechos humanos, debe estar mencionado expresamente en la Constitución para poder obtener su misma jerarquía normativa.

Sí, si es aprobado por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Senadores.

No, ya que se encuentra excluido de la máxima jerarquía constitucional.

Sí, porque al ser referido a Derechos Humanos siempre tendrá la misma jerarquía que la Constitución Nacional.

Significa que los derechos contenidos en los instrumentos internacionales son autoejecutos u operativos, es decir, que no necesitan de una norma del derecho interno para ser efectivamente válidos en el ordenamiento jurídico de ese país.

Significa que los derechos humanos deben garantizarse por los Estados de acuerdo a los estándares internacionales más elevados, con un sentido de progresividad y de manera universal, en la medida en que su ejercicio pueda ser regulado o restringido.

Significa que los países dualistas, a diferencia de los monistas, reconocen exclusivamente la jurisdicción internacional para la discusión de casos concernientes a tratados internacionales o de derechos humanos e inherentes a las personas.

Significa que la aplicabilidad del derecho depende de la coordinación que exista entre los organismos nacionales y supranacionales.

Se solucionó tomando como base los derechos consagrados en la Carta de Naciones Unidas, aprobada en Junio de 1945.

Se solucionó a través del pronunciamiento efectuado por la Opinión Consultivo Cero de la Corte Internacional de Justicia, donde se tomó como base el Bill of Rights de Virginia de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Se decidió su especificidad en base a la Declaración de Yalta efectuada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en especial Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia.

Se solucionó convocando a la conferencia de San Francisco de 1946, donde se elaboró una enumeración detallada, exhaustiva y pormenorizada de los derechos humanos.

Significa que los derechos humanos son otorgados a la persona humana por su condición de ciudadano del mundo, impidiéndose así que sean transferidos a título gratuito u oneroso, en virtud de su titularidad como ser humano.

Significa que existe una noción de plena igualdad en cuanto a su titularidad por el simple hecho de ser persona, lo que impide la realización de cualquier tipo de distinción por motivos de cualquier índole.

Significa que el sujeto debe respetar, por propia voluntad o por verse obligado a hacerlo, la concesión de derechos humanos por parte de los Estados a sus ciudadanos, en la medida en que no afecten a terceros ni perjudiquen el orden y la moral públicas.

Significa que los derechos humanos pueden oponerse unos a otros, de forma tal que es posible para un Estado resolver con efecto general la primacía del cumplimiento de un conjunto de derechos en detrimento de otros.

Significa que todos los seres humanos nacen con derechos, y la única intervención del Estado es a efecto de reconocerlos, declararlos o protegerlos normativamente, pero no de conferirlos u otorgarlos.

Significa que los derechos humanos tienen la misma importancia, no resulta posible jerarquizarlos. Por ende, todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis.

Significa que los derechos humanos no se pierden con la falta de uso, sea que el sujeto no lo ejerza por propia voluntad o por verse impedido de hacerlo; el mero transcurso del tiempo no afecta su vigencia.

Significa que los poderes públicos están dotados de las garantías necesarias para establecer el ejercicio de los derechos humanos en caso de ausencia o reestablecer su vigencia en caso de violación, mediante las prestaciones correspondientes

Implica que los Estados están obligados a adoptar medidas tendientes a lograr el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos humanos y el permanente incremento de la cantidad de derechos protegidos.

Implica que cualquier estado está habilitado para invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, excepto que exista sentencia de un tribunal internacional.

Implica que las normas contenidas en los tratados internacionales son de aplicación inmediata en el derecho interno de los países, sin necesidad de que exista ninguna norma interna que reciba el derecho contenido en un instrumento internacional.

Implica que los Estados se comprometen a proveer un piso mínimo de derechos, que pueden ampliar en cantidad y calidad a través de normas de orden interno.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes de grupo militar enemigo determinado.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo ideológico, cultural, social o político que se consideraba enemigo, en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Está compuesta por siete miembros, elegidos por los países implicados en los casos a tratar, exclusivamente, por lo que pueden existir más de dos jueces de la misma nacionalidad.

Es requisito para integrar la Corte ser abogados/as especializados/as en derechos humanos y derecho internacional, y ser o haber sido juez en su país de origen.

La Comisión Americana es la encargada de elegir a los jueces de la Corte a propuesta de la Asamblea General de la OEA, mediante una votación secreta y por mayoría absoluta de los votos.

Está compuesta por siete miembros, y pueden ser miembros más de dos jueces de la misma nacionalidad sólamente en el caso que dicha nación no sea parte del litigio a examinar.

Toda persona tiene derecho a acusar a otra de haber cometido un delito frente a un juez o tribunal competente, debiéndose tener por cierta su acusación hasta que el acusado pueda demostrar fehacientemente su inocencia.

Nadie puede ser enjuiciado sin comunicación previa y detallada de lo que se le acusa, excepto cuando el derecho de acceso a la verdad, el bien común de la sociedad y/o el interés nacional del Estado Parte se encuentran implicados.

Toda persona absuelta por una sentencia firme podrá ser sometida a nuevo juicio por los mismos hechos solamente si el derecho de acceso a la verdad, el bien común de la sociedad y/o el interés nacional del Estado Parte se encuentran implicados.

Nadie puede ser enjuiciado por los órganos nacionales de un Estado miembro si puede ser igualmente enjuiciado por los organismos internacionales de derechos humanos, en virtud del principio de auto-limitación estatal.

Participar en la dirección de los asuntos públicos a través de mecanismos democráticos de participación directa, prescindiendo de representantes o intermediarios.

Manifestar sus ideas en público, de manera libre y gratuita, a través de medios de comunicación públicos y/o privados, en espacios cedidos a tal efecto por las autoridades electorales de cada Estado parte.

Tener acceso, en condiciones generales de igualdad según su grado de instrucción y formación cultural, a las funciones públicas de su país, sin restricciones basadas en su religión, raza o nacionalidad.

Ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto y obligatoria que garantice la representación total de los electores sin restricción de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción.

Incorrecto, porque no se puede privar al Estado miembro de resolver la cuestión en sus instancias locales, tal como lo dispone el principio de subsidiariedad.

Incorrecto, porque la Convención prevé la posibilidad de iniciar peticiones por delitos aberrantes de manera directa ante sus propios órganos de resolución de conflictos.

Correcto, porque así lo dispone la Convención Americana en su artículo 46, exceptuando el principio de progresividad del derecho internacional de los derechos humanos.

Correcto, porque según el principio de interpretación pro-homina, no se puede privar al denunciante de una instancia de reparación y/o subsanación de las violaciones alegadas.

Analiza la observancia de los derechos humanos en las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros, formulando recomendaciones, directrices y normas de alcance general para los funcionarios y la población general.

A los efectos de las regulaciones internacionales funciona como un Estado americano más, puede solicitar opiniones consultivas, impulsar mociones y votar en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Puede apelar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y/o la Corte Internacional de Justicia siempre que así lo autorice la Asamblea General de la OEA.

Formula recomendaciones a los Estados miembros que generan responsabilidad internacional y habilitan a la Corte o la Asamblea General a iniciar causas de oficio por su incumplimiento.

Establece que el Comandante Mazquez podría ser enjuiciado por tantos tribunales como sea necesario hasta alcanzar el resarcimiento a las víctimas, en virtud de la magnitud del crimen cometido.

Establece que el Comandante Mazquez no podría ser condenado por el Tribunal Penal de Pristinia ya que este no tiene competencia para juzgar crímenes de guerra, toda vez que esa jurisdicción fue asignada a la Corte Penal Internacional de manera exclusiva.

Establece que el Comandante Mazquez podría ser enjuiciado ya que los crímenes de guerra no prescriben, y su persecución resulta retroactiva y permanente en virtud de la gravedad del delito.

Establece que el Comandante Mazquez no podría ser enjuiciado en Pristinia, sólo podría volver a ser procesado por el mismo hecho por la justicia de su país, Lagado.

Peticionar directamente ante la Corte Interamericana por violar lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que se encuentran agotados los recursos de jurisdicción interna del país.

Peticionar ante la Comisión Interamericana, ya que si bien no se cumplen los requisitos estipulados en la Convención, el Sr. Facciatagliatta fue privado de su libertad de manera arbitraria e irrazonable.

Peticionar ante la Corte Interamericana, siempre que la petición sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva.

Peticionar mediante una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, ya que existe un retardo injustificado en la respuesta a los pedidos formulados por la defensa del Sr. Facciatagliatta.

Solamente la Secretaría General, los gobiernos de los Estados miembros y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Cualquier miembro del Superior Tribunal de cualquier Estado Parte o cualquier persona particular que, teniendo una causa en litigio vinculada a Derechos Humanos en la más alta esfera judicial de su país, solicite la revisión de la Corte Internacional.

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

La Asamblea General de la OEA, los gobiernos de los Estados miembros, la Comisión y cualquier entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Habrá delito de genocidio cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso.

Habrá delito de genocidio cuando existan actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Habrá delito de genocidio cuando quien está en condiciones de dirigir o controlar la acción militar de un estado planifica, prepara, inicia o realiza un acto que constituye una violación manifiesta a la carta de Naciones Unidas.

Habrá delito de genocidio cuando se cometan crímenes orientados contra la población religiosa de un estado en el marco de un enfrentamiento bélico, indistintamente de si se trata de una disputa religiosa, cultural o racial.

Habrá crimen de guerra cuando se realicen actos como parte de un ataque sostenido en el tiempo contra un mismo grupo por cuestiones de odio racial o religioso, aún cuando dicho ataque sea en el marco de un enfrentamiento bélico al interior de un estado.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de manera reiterada y sostenida en el tiempo.

Habrá crimen de guerra cuando existan actos perpetrados contra la población civil de un estado democrático por un gobierno o ejército extranjero o invasor, en virtud de su identidad idiomática, cultural o nacional.

Habrá crimen de guerra cuando existan hechos cometidos con la intención de aniquilar totalmente a un grupo político, en el marco de un enfrentamiento bélico por razones territoriales o religiosas.

No, porque en base a los principios de subsidiariedad y operatividad del derecho internacional de los derechos humanos no es posible la intervención de un tribunal internacional en asuntos locales.

Sí, porque una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación agota la vía interna ofrecida por la justicia argentina, por lo que habilita su revisión por parte de la Corte Interamericana.

Sí, pero solamente cuando haya un retardo injustificado en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o cuando el afectado no hubiera podido plenamente acceder a la Justicia argentina.

Sí, aunque sólo en la medida en que la apelación sea formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Implica que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

Implica que la Corte puede consultar a otros organismos internacionales de derechos humanos acerca del alcance e incremento de la aplicación e interpretación de otros tratados de derechos humanos que se encuentren por fuera de su jurisdicción.

Implica que la Corte puede consultar a los Estados Parte sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en cada una de las legislaciones internas.

Implica que la Asamblea General de la OEA, los Superiores Tribunales de Justicia de la Nación y cualquier centro de aplicación específica de Derechos Humanos podrán consultar a la Corte acerca de la compatibilidad entre cualquier ley interna y la Convención Americana u otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra una población civil en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.

Genocidio, ya que las acciones perseguían la intención de destruir total o parcialmente a un grupo enemigo, incluyendo la matanza, lesiones graves o sometimientos a los miembros del grupo.

Crimen de guerra, debido a que las acciones perpetradas fueron cometidas como parte de un plan o política en gran escala dirigidos a matar intencionalmente; torturar, infringir grandes sufrimientos o destruir bienes.

Lesa humanidad, ya que constituyó un ataque generalizado o sistemático contra un grupo enemigo determinado en el que se cometieron asesinatos, exterminio, tortura, deportación y/o traslado forzoso de población.