relativizó la autodeterminación de la persona humana, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Nacional, como límite a la injerencia del Estado en las decisiones del individuo concernientes a su plan de vida, y como ámbito soberano de este para la toma de decisiones libres vinculadas a sí mismo

dejó claramente establecido que el artículo 19 de la Constitución Nacional otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, con alguna interferencia por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros

recordó que el sistema jurídico argentino no recoge una concepción antropológica que excluya totalmente la cosificación del ser humano y, por ende, rechace su consideración en cualquier otra forma que no sea como persona, sin que ello dañe su condición de ente capaz de autodeterminación

vulnera el art. 18 de la Constitución Nacional que establece la inviolabilidad del domicilio, por lo que no puede sancionarse una conducta realizada por las personas en la intimidad de su hogar

afecta el derecho a la privacidad tutelado en el art. 19 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales sobre DDHH, que protegen a las personas contra intromisiones arbitrarias en su vida privada

es compatible con los principios que surgen del derecho internacional de los derechos humanos con jerarquía constitucional, pero viola el art. 19 de la CN que actúa como una reserva soberana sobre tales instrumentos

nunca se aplican a los contratos en vías de ejecución

siempre se aplican a los contratos en vías de ejecución

se aplican con carácter retroactivo

la demostración de la antijuridicidad de la acción u omisión, su causalidad adecuada con un daño ya existente, pero no un factor de atribución objetivo ni subjetivo

la demostración de un factor de atribución objetivo, la amenaza de un daño, una acción u omisión antijurídica y una causalidad adecuada

la demostración de la antijuridicidad de la acción u omisión, su causalidad adecuada con un daño actual, y un factor de atribución objetivo o subjetivo, según el caso

el artículo 1.1 de la Convención Americana menciona criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, que son un listado cerrado, y —bajo el principio pro homine— no abierto a otros no textualmente indicados, como la orientación sexual

la interpretación de la cláusula de no discriminación del art. 1.1 de la Convención Americana no puede adaptarse a los tiempos y a las condiciones de vida actuales, pues ello implicaría quitarle fuerza normativa al tratado

el eje de la determinación de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida radica en el material genético utilizado

los tratados y las leyes están en un pie de igualdad por aplicación del art. 31 de la Constitución y, por lo tanto, va a prevalecer la norma posterior

el derecho internacional está por encima del derecho interno, por lo cual una ley posterior no puede derogar un tratado internacional

el control judicial oficioso de constitucionalidad no puede ser ejercido por los tribunales en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes

del texto de la Constitución reformada se desprende una clara prelación de los tratados internacionales sobre las leyes locales

la omisión de fundamentación por parte de la Cámara vulneró la garantía de defensa en juicio

la falta de fundamentación por parte de la Cámara no habilita un recurso ante la Corte Suprema

no corresponde aplicar una nueva ley a situaciones cuyos efectos de hecho y derecho no han quedado agotados bajo la ley anterior

el orden público internacional es un instituto del derecho que se caracteriza como un concepto jurídico estático

corresponde aplicar una nueva ley a situaciones cuyos efectos de hecho y de derecho no han quedado agotados bajo la ley anterior

el mercado es el único que puede modificar las condiciones para el cese de tales conductas que afectan la libre competencia

no se puede solicitar la tutela preventiva a fin de que un juez o jueza procure evitar los efectos de esa conducta, ya que solo proceden los remedios fijados en la Ley de Defensa de la Competencia

las personas afectadas pueden requerir a las autoridades cambios legislativos tendientes a modificar las circunstancias abusivas, pero no la reparación de daños

justificar un simple interés en que se cumplan la Constitución y las leyes, conforme lo autoriza el art. 43 de la Constitución Nacional

justificar que la práctica anticompetitiva denunciada afectaba el interés económico general

acreditar la existencia de una causa fáctica común, y una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo